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| Leandro Pili |
Antonio (el Mayolero)
La
Argentina en su afán por alcanzar un mayor grado de desarrollo económico
impulsó fuertemente su industria durante el período 2003-2015. Para ello fue
necesario recomponer el mercado interno
(demandante de las manufacturas nacionales) que había quedado menguado a su
mínima expresión, producto de 25 años de políticas económicas sustentadas bajo
el consenso de Washington, que desarmaron el entramado industrial generador de
empleo. Es verdad también que, para que este entramado industrial siga
creciendo y generando empleo se necesitan cada vez mayores cantidades de
dólares – divisas que el país no puede imprimir – que permitan importar los
insumos y bienes de capital que la industria necesita. A grandes rasgos y si se
me concede una cuota de simplicidad, esta fue a groso modo la causa fundamental
del magro desenvolvimiento de la economía argentina en el último lustro.
Con
el resultado de las últimas elecciones no solo cambió el presidente de la
República, sino que también se produjo un cambio sustancial en la forma de
entender a la política y por extensión a la economía también. Como parte integrante
de este cambio de rumbo sustancial, se encuentra el foco de atención sobre el
que los hacedores de política económica ponen todo su énfasis. Se puede aceptar
que desde el año 2003 los esfuerzos estaban concentrados en fortalecer la
demanda, entendiendo que ésta es el motor de la economía, por lo tanto las
medidas económicas estaban dirigidas a robustecerla. Por el contrario, el nuevo
equipo a cargo del ministerio de economía, está compuesto por un grupo de
personas que son defensores a ultranza de las políticas neoliberales, que entre
otras cuestiones sostienen que la importancia radica en la oferta, y por ende las
políticas tienen que estar enfocadas en lograr aumentar esa oferta.
Como
mencionábamos al inicio esa oferta necesita de dólares que la Argentina no
emite, con esta excusa el nuevo gobierno apuesta a lograr que esos dólares
ingresen por la vía del endeudamiento externo y no por la vía legitima que
sería el aumento de las exportaciones, aumentos que para que ocurran en la
medida que se necesita, es necesario lograr un aumento en la productividad y no
devaluar la moneda como se cree.
Todo
esto no sería tan preocupante si esos préstamos que se toman desde el exterior
estuviesen dirigidos a lograr aumentos de productividad que modifiquen las
exportaciones. Pero a la vista de la última operación de deuda llevada a cabo
por el equipo económico, se entiende que ese no es el destino del endeudamiento
externo sino que está pensado y ejecutado para engrosar las comisiones y
servicios financieros que los intermediarios de esos préstamos reciben, y
regresar a la especulación financiera típica de los años 90. Esto se podrá
percibir si nos adentramos un poco más en los detalles de la última operación
financiera, una especie de “MEGACANJE”.
El
BCRA tenía entre sus activos Letras Intransferibles que el Tesoro Nacional le
había entregado en el año 2006 a cambio de U$S para cancelar deudas con el FMI.
Las características de ese instrumento se destacaban por devengar intereses
casi nulos (inferior al 1%) y por ser deuda entre sectores públicos que no se
pueden negociar en el mercado financiero, y que se pueden refinanciar. Este tipo
de deuda no es tenida en cuenta a la hora de medir el endeudamiento de los
países justamente por esta cualidad, no es exigible y se puede refinanciar
fácilmente. Con esta operación financiera el Tesoro Nacional le cambia al BCRA
U$S 16.000 millones de estas Letras por U$S 13.000 millones en bonos que devengan intereses cercanos al 8%, y son
intercambiables en los mercados financieros. Con lo cual si bien existe una
quita de capital, el resultado neto termina siendo perjudicial para el erario
público, ya que este aumento en las cargas de los intereses le representa al
Estado el pago de U$S 9.100 millones en concepto de servicios de la deuda en un
período que va de 6 a 11 años que es lo que dura la operación.
A
su vez, -esto es el objetivo principal de la operación-, estos bonos serán
entregados como garantía a bancos extranjeros por préstamos que rondan los U$S
8.000 millones. Préstamos que como ya se sabe, para su concreción es necesario
no solo entregar estos papeles como garantía sino modificaciones fiscales que
permitan al deudor cumplir con sus obligaciones, lease ajustes fiscales.
Resumiendo
un poco, se cambio deuda interna, no exigible, no agobiante para las finanzas
públicas, con un costo casi nulo, por endeudamiento externo, exigible y oneroso
para el Estado, con condiciones asfixiantes para el grueso de la población y
que llegado el momento de cancelar esas deudas pueden complicarse los pagos,
porque no se modifican las condiciones que permiten generar dólares genuinos,
por lo que no sería extraño que se recurriera nuevamente al endeudamiento para
pagar este endeudamiento.
¿Deja Vu?
Leandro Pili
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