Un interesante análisis...

Vemos en la edición de hoy de "Miradas al Sur" este interesante artículo que servirá para ayudar a pensar.

Producción agraria. La agricultura familiar produce más del 70% de los alimentos que integran la mesa de los argentinos. Su sustentabilidad detiene el proceso de concentración de la tierra y genera mayor demanda de empleo. El proceso de sojización que comenzó a darse desde principios de los noventa en la Argentina generó profundos cambios, tanto en la economía global del país como en el interior del sector agropecuario. La producción a gran escala de la oleaginosa y su consiguiente exportación genera enormes divisas al país y a la vez, vía retenciones, es una importante fuente de ingresos fiscales. Pero este fenómeno trajo aparejado a la vez un profundo proceso de concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión de miles de pequeños productores. Solamente en el caso de la pampa húmeda, se estima que en los últimos treinta años desaparecieron 150.000 chacareros. Pero además, este tipo de agricultura –a diferencia de la soja– está destinada casi en su totalidad a la producción de alimentos que integran la mesa familiar. Por lo tanto, su restricción y la consecuente caída de la oferta es un elemento que empuja a la suba de los precios de los alimentos. Al analizar las características de la producción de los pequeños propietarios y minifundistas, se observa que su producción está directamente ligada al mercado interno. De acuerdo a un relevamiento realizado por Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura (Iica), este segmento maneja el 92% de la producción de hortalizas y frutas, el 85% de la de tabaco, algodón, yerba mate y caña de azúcar y el 75% de la producción de hortalizas. Otro elemento a favor de la agricultura familiar en comparación con la producción sojera tiene que ver con la demanda de mano de obra. Según el Iica, la explotación de pequeños productores aporta el 53% del total del empleo utilizado en el sector agropecuario a nivel nacional. En el caso específico de la fruta de pepita (manzana y peras) entre empleos directos e indirectos, la actividad demanda 60.000 puestos de trabajo. Lo que se traduce en 67 jornales por hectárea. En tanto que las cerealeras utilizan un jornal por hectárea. Para Alberto Cantero, ex presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, es totalmente compatible una producción de soja a gran escala con el desarrollo de la agricultura familiar. “Una cosa es que produzcamos soja y aprovechemos el momento internacional y otra es la sojización, que es el negocio de las multinacionales que quieren apropiarse de la renta del país”, afirma. “La sojización se entiende como el negocio de multinacionales de insumo y genética que hacen al comercio interno e internacional del grano. Eso es lo que tenemos que revisar y equilibrar para que en el comercio internacional cada vez tenga mayor participación las cooperativas y las empresas nacionales y para que toda la industria de insumos sea nacional, porque estamos en condiciones de elaborar los herbicidas, los insecticidas y los fungicidas en la Argentina”, completa. Uno de las consecuencias que trajo el proceso de sojización fue la decisión de pequeños productores de arrendar sus campos a los pooles de siembra, ya que obtienen una mayor rentabilidad por esta vía que por la producción directa de alimentos. “Eso lleva a transformar la cultura de producción a una cultura de renta”, indica Cantero. De todos modos, no todos los productores han optado por esta vía. “En la zona pampeana, la producción de cerdos tiene una alta rentabilidad. Hay chacareros que producen soja o maíz, y que luego lo muelen para tener su propio alimento balanceado. Con eso pasa a tener cuarenta o cincuenta madres porcinas, lo que le genera una buena renta. De esa manera, en lugar de vender granos de maíz y granos de soja, vende carne de cerdo o de pollo que es rentable”, grafica. El agrónomo Luis Cardini, integrante de la Corriente Agraria Nacional y Popular, también destaca un caso de economía familiar rentable. “En el sur de Santa Fe había un productor que tenía 20 hectáreas que alquilaba para soja. Sus cinco hijos se pusieron a pensar qué podían hacer e hicieron un emprendimiento hortícola bastante complejo y en una parte de esas hectáreas trabajan 15 operarios y tienen una producción hortícola estandarizada, con una planta de empaque y están proveyendo a varios pueblos circundantes e incluso a una cadena internacional de supermercado. Es un caso testigo que nos muestra que se pueden hacer cosas”, señala. Políticas proactivas. La concentración de la tierra y la producción en grandes extensiones se articuló con una producción tecnológica dirigida casi en exclusividad a abastecer a este tipo de producción. “Hace 20 años la unidad económica del centro de Córdoba eran 200 hectáreas. Ahora son 400 hectáreas. Esto pasa porque la tecnología que hay disponible para la producción solo se organizó en grandes máquinas y grandes equipos”, sostiene Cantero. “Es un desafío para la Argentina desarrollar equipos y máquinas que sean más pequeños para que el chacarero más chico pueda acceder a ellos. Por ejemplo, el Inti desarrolló una cosechadora de tres hileras que funciona muy bien”, agrega. Otra iniciativa que los especialistas creen que el Estado debe profundizar es el del asociativismo. “Cuando la chacra es chica, lo que conviene es asociarse entre varios para poder reducir los costos de producción, de la maquinaria y de equipo”, propone Cardini. “El asociativismo puede servir para compartir la tecnología que le puede servir al productor que con una sola enfardadora puede ser utilizada por 10 productores. También pueden generar el alimento balanceado o compartir reproductores. Eso da escala y permite un desarrollo de la familia rural en el campo. Además es la mejor herramienta para terminar con la intermediación comercial en todas las áreas”, asegura. Para Carlos Ceballos, especialista de agricultura familiar y editor del portal campo argentino 2000, “la clave del problema reside en la falta de escala y el crédito para producir”. Entiende que con la renta agraria que capta el Estado a través de las retenciones se podría reflotar el Consejo Agrario Nacional, institución destinada al fomento de la producción del pequeño propietario y que fue derogada durante la dictadura militar por el ex ministro José Martínez de Hoz. “Esta entidad se encargaba de unir parcelas dispersas, adjudicar parcelas de mayor escala y reunificar para frenar la excesiva subdivisión que produce la sucesión hereditaria que cuando más chico es el campo, más pequeña es la escala que queda. Además, contaba con un capital con el que podía comprar tierras y distribuirlas entre los productores. Sería muy bueno que el Estado reflote esta institución”, sostiene.