Dolar deuda y sarasa

Por: 

Mariano Kestelboim

El patrimonio del gobierno nacional, de las empresas y de las familias se ha saneado en los últimos nueve años como consecuencia del proceso de crecimiento socialmente inclusivo y del desendeudamiento. La deuda externa total (pública y privada) asciende a sólo el 31% del PBI (era del 160% del PBI a comienzos de 2003) y, de acuerdo a las exportaciones de 2011, representa 1,7 años de ventas. En 2002, hacía falta acumular seis años de exportaciones para pagar la deuda externa, y la deuda heredada por la dictadura militar equivalía a cinco años de exportaciones. Además, la deuda pública que resta pagar es sustentable, ya que las obligaciones en manos de acreedores privados representan solamente el 15% del PBI y decrecen sostenidamente. El resto de los acreedores forman parte del sector público nacional (BCRA, ANSES, PAMI, Banco Nación, entre otros). 

En el plano internacional, las políticas de administración de la mejora de los términos de intercambio –explicada tanto por la suba de los precios de exportación de los recursos naturales como por el masivo ingreso de productos asiáticos a valores depredatorios– ha permitido combinar un continuo saldo positivo de la balanza comercial en armonía con el proceso de reindustrialización. Este hecho, único en América Latina en la última década (el resto de los países deterioraron sus capacidades industriales), permitió reducir a la mitad la dependencia de importaciones de bienes de consumo. En efecto, las compras externas de esos bienes representaban en los años noventa un quinto de la importación  total, y actualmente son apenas una décima parte.
La solvencia del proyecto productivo, en el marco de la peor crisis internacional en ocho décadas, acumuló, desde 2003, un superávit comercial de 105 mil  millones de dólares (en el primer cuatrimestre de 2012 ya se registró casi el 50% del superávit de todo 2011), y elevó las reservas del Banco Central a más de 47 mil  millones de dólares. A diferencia de las corridas cambiarias del pasado, cuando el drenaje de activos públicos era insostenible, la utilización de esas reservas tiene un rol clave para disciplinar a los mercados.
El proyecto productivo logró lidiar tanto con la fuga de capitales, lamentable secuela de desconfianza de las crisis del pasado, como con las tensiones propias de la distribución de una renta nacional creciente en un marco de agravamiento de la crisis económica internacional. Esta se expresó, principalmente, en los crecientes desvíos de saldos de exportación asiática rechazados por los centros de consumo mundial y en la remisión de utilidades al exterior de las grandes empresas extranjeras instaladas en el país. 
Ahora bien, es vital que la política económica acompañe la fortaleza de las cuentas públicas con más medidas que tiendan a profundizar la desdolarización de la economía –especialmente, en sectores como el de los inmuebles–. En este sentido, el requerimiento de capacidad tributaria para el acceso a divisas mejora la competitividad de quienes operan en el sector formal de la economía. No obstante, este proceso debe complementarse con más políticas que tiendan a la reconstitución de la moneda nacional como reserva de valor y al desarrollo industrial. Para ello, el gobierno deberá aplicar reformas progresivas adicionales de la estructura tributaria, créditos y subsidios que fomenten la reorientación de capitales a áreas productivas estratégicas, en detrimento de las actividades meramente especulativas que podrían desestabilizar el rumbo logrado de los últimos años.