Justicia, Justicia perseguirás...

INFORME ESPECIAL - TREINTA Y CINCO AÑOS DESPUÉS, PROCESARON A MARINOS ACUSADOS DEL SECUESTRO DEL MATRIMONIO RIVADA El largo brazo de la ley Por primera vez, y con base en lo investigado por el periodista Andrés Vergnano y el abogado Guillermo Torremare en “22, los tresarroyenses desaparecidos”, la justicia federal bahiense acaba de procesar a 12 marinos de alto rango, a quienes acusa del secuestro y desaparición de los tresarroyenses Carlos Alberto Rivada y María Beatriz Loperena, hecho ocurrido en 1977. Informe especial de “El Periodista” que ofrece el anticipo exclusivo de la decisión judicial, el capítulo completo del libro que refiere al matrimonio Rivada y la opinión de sus autores sobre el trascendente paso hacia el esclarecimiento de un caso que conmovió a Tres Arroyos Noviembre 2012 El Juez Federal ad hoc de Bahía Blanca, Eduardo Tentoni, acaba de dictar una resolución procesando a 12 marinos de alto rango que se desempeñaron con roles protagónicos en la Base Naval de Puerto Belgrano durante la dictadura militar. Se trata del Vicealmirante Antonio Vañek, los capitanes de Navío Guillermo Félix Botto, Enrique De León, Alejandro Carlos Lorenzini, Carlos Alberto Louge, Alberto Gerardo Pazos y Arturo María Quintana; los Capitanes de Fragata Leandro Marcelo Maloberti, Emilio José Schaller y José Luis Ripa y los Capitanes de Corbeta Hermelo y Luis Alberto Pons. El magistrado dispuso la prisión preventiva de todos, la que por ahora se hace efectiva en el domicilio de cada uno de ellos. La justicia los considera responsables de la desaparición, entre otros, del matrimonio conformado por Carlos Alberto Rivada y María Beatriz Loperena, secuestrados en Tres Arroyos. La demorada causa fue iniciada en el año 2007 y se caratuló “Investigación de delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)”. Mucho trajinó la misma hasta encontrar un juez que se hiciera cargo de ella. Naturalmente le correspondía al doctor Alcindo Alvarez Canale, pero éste debió ser apartado por sus múltiples vinculaciones con los marinos que actuaron durante la represión ilegal. La decisión que se acaba de conocer -y que es objeto de este informe especial de “El Periodista”-, evidencia que quien finalmente quedó al frente del expediente se tomó el trabajo muy en serio. A lo largo de 257 páginas analiza con todo detalle la situación padecida por ocho víctimas que en los años 1976 y 1977 fueron apresadas por las garras militares, vinculando rigurosamente la suerte corrida por cada una de aquellas con la actuación y responsabilidad operativa que les cupo a los marinos investigados. El proceso criminal está circunscripto a lo padecido por Dina Cornago, Diana Silvia Diez y Aníbal Marziani, secuestrados, torturados y luego liberados; y Elvio Alcides Mellino, Cora María Pioli, Leonel Eduardo Saubiette, María Beatriz Loperena y Carlos Alberto Rivada, secuestrados y desaparecidos. Los últimos dos nombrados integran la nómina de los tresarroyenses que fueron víctimas de la dictadura, pero a diferencia de los otros, estos fueron secuestrados en nuestra ciudad. Cabe destacar que la investigación llevada a cabo por el periodista Andrés Vergnano y el abogado Guillermo Torremare, materializada en el libro “22, los tresarroyenses desaparecidos”, publicada originalmente en 2001 y reeditada en 2006, fue el punto de inicio de la investigación judicial en torno a Loperena y Rivada que condujo a la cárcel a los marinos con mayor jerarquía de la Base Naval con sede en Punta Alta. La sentencia judicial corrobora a través de distintas y variadas pruebas, todas las circunstancias relatadas por Vergnano y Torremare y que se reproducen en las páginas de esta edición de “El Periodista” (ver aparte el capítulo del libro “22”) Tortura El doctor Tentoni, buscando alguna motivación de la decisión militar de secuestrar a María Beatriz Loperena y Carlos Alberto Rivada -y luego de verificar minuciosamente todos los documentos, testimonios y antecedentes agregados a la causa-, señaló en su decisión que las fuerzas de la Armada que dependían de la Central de Inteligencia Puerto Belgrano, interesadas en descubrir y perseguir militantes políticos -que llamaban “DS” (como abreviatura de delincuentes subversivos)-, que actuaban en la Universidad Nacional del Sur, “sólo pudieron detectar la colaboración del joven matrimonio tresarroyense con los activos militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) local -en observación o detenidos o prófugos-, por alguna delación lograda mediante tortura”. “Es de toda obviedad que las fotografías obtenidas en el Club Atlético Huracán (ver capítulo VIII de la crónica que se transcribe en esta edición) se usaron para identificar a esos ‘blancos rentables’ mediante tortura aplicada a los muchos detenidos en los Centros Clandestinos de Detención de la zona…” –indicó en la resolución-. Concluyó además que “luego de comprobar la Central de Inteligencia Puerto Belgrano las identidades de Carlos Alberto y María Beatriz y su grado de colaboración con los militantes de la JUP detenidos o prófugos, mandaron sus nombres a los ‘elementos de tareas’ para su secuestro, siendo muy probable que el primer lugar de cautiverio del joven matrimonio tresarroyense haya sido la Sexta Batería de la Base Naval de Infantería de Marina, donde se encontraba ilegalmente detenida su amiga y compañera Cora María Pioli”. A excepción del Capitán de Fragata Emilio José Schaller, procesado sólo por el secuestro de Aníbal Marziani, todos los demás marinos son acusados genéricamente de “haber formado parte de un plan criminal -clandestino e ilegal-, implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de la Armada Argentina”, y en particular de ser autores mediatos del secuestro y desaparición de Carlos Alberto Rivada y María Beatriz Loperena, dado que en las dependencias a sus cargos convergían los datos que producían los informantes de la Base, y se proveía la inteligencia y los elementos materiales y humanos necesarios en todos los casos para las detenciones, el posterior interrogatorio de los detenidos y la decisión final sobre el destino de las víctimas. Cada uno de los imputados, en su ámbito de acción, ejerció el dominio del plan represivo, dando órdenes, transmitiendo las que recibía y asegurando su cumplimiento, y brindando elementos materiales imprescindibles para llevar adelante las misiones encomendadas, a fin de que sus subalternos u otros dependientes pertenecientes a las distintas fuerzas de tareas consumaran sus acciones. Treinta y cinco años Los delitos concretos que se endilgan a los marinos bajo proceso son: asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tortura, homicidio y genocidio. Cada uno de los acusados podrá apelar lo decidido ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, aunque es previsible que no se modifique la esencia de lo decidido por el juez instructor. Luego deberá constituirse el tribunal oral que examinará todo lo investigado, escuchará varias decenas de testigos y valorará los aportes del fiscal y los defensores, para finalmente pronunciar la sentencia final. Treinta y cinco años después de sucedidos los hechos en investigación es mucho tiempo. Seguramente los responsables de tantos atroces crímenes disfrutaron de él pensando que nadie se acordaría. Afortunadamente todo cambia, casi siempre para mejor. Este caso, como muchos otros producidos en los últimos tiempos, es un ejemplo de ello. Notas relacionadas Noticias de un secuestro Los procesados Las víctimas “22…”, un texto que hizo camino.
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