En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 17.700 presos sin condena, son el sesenta por ciento de los procesados, informa Pol. La cifra espanta aunque es del caso señalar que ha disminuido en los últimos años merced a ciertos avances procesales. En especial la existencia de procedimientos abreviados y el acortamiento de los plazos para apelar.
De cualquier modo, si son mayoría los presos sin condena hay una perversión: se transforma en regla lo que debería ser la excepción. La prisión preventiva debería ser usada restrictivamente porque viola un principio angular del derecho penal: la presunción de inocencia.
La máquina funciona de otros modos. Culpabiliza de pálpito a muchos sospechosos. La policía, los fiscales y los jueces (como regla general, que reconoce meritorias excepciones) tienen un sesgo discriminatorio. Los damnificados suelen ser pobres, jóvenes, morochos.
No se conoce cuál es el porcentaje de procesados encarcelados que termina con una condena. Menos aún, entonces, la relación entre esa sanción y el plazo que estuvieron bajo prisión. La provincia escamotea esos datos, cuya pertinencia es evidente. Es un modo de esconder el escándalo de la injusticia.
Puede intentarse una extrapolación, asumiendo que las cifras son tentativas. Al declarar en el expediente “Verbitsky”, el ex ministro de Justicia Eduardo Di Rocco afirmó que entre el 25 y 28 por ciento de los juicios orales terminan con sentencias absolutorias. Lo hizo en diciembre de 2004. Ha pasado un buen tiempo, aunque no hay especiales motivos para pensar que la cantidad ha variado en gran medida. Extrapolemos, entonces. Si el porcentaje se mantuviera hoy, significaría que alrededor de 5000 personas que esperan sentencia en la cárcel serán declaradas inocentes. Supongamos que el universo fuera del veinte por ciento: serían casi 3500. Con cualquier porcentaje, el costo humano es ominoso.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/217705-63129-2013-04-10.html
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