Que hay detrás de la acusación a Gils Carbó

El senador radical Mario Cimadevilla denunció a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por el nombramiento de fiscales ad hoc.

Asombrosamente, un fiscal dio curso a la denuncia lo que motivó el cuestionamiento inmediato de varios organismos de derechos humanos: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e H.I.J.O.S. Capital (ver más en página 10). La iniciativa es un disparate que, de concretarse pondría en riesgo los juicios que investigan las violaciones de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.

Poder designar velozmente fiscales en ciertas causas es imprescindible por varios motivos. El primero entre ellos es que su prolongación dificulta que una sola persona pueda trabajar indefinidamente como fiscal o como defensor. Los abogados son personas que viven durante los pleitos: se enferman, se embarazan, dan a luz y cien peripecias humanas más. Como esas megacausas no deben suspenderse por plazos largos se “caerían” si no mediaran designaciones ad hoc.

Otra razón es la necesidad de “mover” fiscales a jurisdicciones provinciales en las que, por lazos familiares o afinidades ideológicas, “la Justicia” local rehúsa o cajonea los procesos contra los represores. Nombrar fiscales de otras comarcas es un imperativo al que debió recurrir, a menudo como método, el anterior procurador Esteban Righi, en su encomiable labor en la búsqueda de verdad y justicia.

La bronca con Gils Carbó, por su pertenencia a “Justicia legítima” (JL), es el verdadero móvil del pretendido linchamiento, penoso en su fundamentación.

Acá el resto.