Los inspectores, por supuesto. Leemos en BAE:
La inspección llegó luego de que uno de los obreros sometidos a la servidumbre denunció, infructuosamente, el caso ante el gremio rural UATRE, que se negó a iniciar acciones contra los acusados de violación de los derechos laborales y trata de personas.
Luego del altercado con los guardias armados y la frustrada inspección, el 17 de mayo, la delegación santiagueña de la cartera laboral inició una causa penal ante la justicia federal para regresar con la policía. Pero, según relató después a BAE uno de los obreros que realizó la denuncia, cuya identidad se preserva, los contratistas cortaron inmediatamente todo suministro de agua y alimentos a los peones y los “liberaron” (sin la paga que les habían prometido) para borrar toda evidencia de los delitos cometidos.
Los primeros convocados para las obras de desmonte llegaron a fines de abril a la finca “Las Corzuelas”, ubicada en la localidad de Tintina, unos 200 kilómetros al nordeste de la capital santiagueña.Venían de Nueva Esperanza, Añatuya, Cardón Esquina y Brea Pozo, todos pueblos de la frontera interprovincial entre Santiago y Chaco.
Acá el resto
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