democratización de la justicia en B. Blanca

Sin dudas que las condenas del año pasado a miembros del V Cuerpo en Bahía Blanca son un símbolo de fortalecimiento del Poder Judicial como poder popular. Pero no todas son flores, no no, en la capital del sur argentino:

Un integrante del Ejército, imputado en una causa por delitos cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca, se dio a la fuga luego de no presentarse a un examen médico ya que gozaba de una excarcelación, informaron fuentes judiciales.

Se trata del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, uno de los diez imputados que se encuentran a la espera de que comience el próximo juicio oral por los delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército en la causa 1067.

Desde la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se informó a Télam que "Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación".

"El imputado debía presentarse para un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema el día 6 de mayo pasado, y ante su inasistencia se ordenaron distintas medidas para dar con su paradero, lo que al día de la fecha no ha sido posible", agregó la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Según se indicó, la Unidad Fiscal se opuso en reiteradas oportunidades a que Arroyo sea excarcelado, tanto durante la instrucción como en la etapa de juicio.

El juez federal Santiago Martínez rechazó “por el momento” el pedido de detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

A diferencia del Tribunal Oral que en 2012 ordenó investigar a los directivos del diario por su rol en la “campaña de desinformación y propaganda negra” al servicio del terrorismo de Estado, el magistrado consideró en su primer “juicio provisorio” sobre el caso que la “orfandad probatoria” respecto de los Massot ni siquiera permite verificar “la existencia de algún grado de complicidad” con la dictadura. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani apelarán el rechazo ante la Cámara Federal bahiense.

Las “relaciones remotas” de los Massot con autoridades militares, jefes de centros clandestinos y afamados torturadores “resulta insuficiente para atribuir conocimiento efectivo” de los delitos que cometían, sostuvo el juez. Que en la intimidad los acusaran de “cagones” por no fusilar y en las páginas del diario reclamaran “pena de muerte dictada por autoridades militares” tampoco “autoriza a sostener conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de personas”.